Tres empleados y dos directivos del sindicato que ampara la nómina diaria de la Corporación Venezolana de Guayana, detenidos por la GN cuando manifestaban por sus derechos contractuales, fueron dejados en libertad condicional este miércoles, mientras dure la investigación que tiene como fin comprobar los delitos de los que se le acusa: agavillamiento, instigación a delinquir y obstrucción a la libertad de tránsito. Estos conceptos penales, entre otros, conforman la receta judicial que viene aplicando el Gobierno a lo largo y ancho del territorio, lo cual convierte un hecho de contenido social y político en uno de carácter punitivo.

Ejercicio sindical bajo amenaza
Purto Ordaz, jueves 8 de octubre de 2009 (Correo del Caroní. Foto Tomás González).- Los cinco trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que habían sido apresados el martes cuando manifestaban por el cumplimiento de la convención colectiva salieron en libertad la tarde de este miércoles.

Con lágrimas en los ojos, los dirigentes sindicales expresaron que no permitirán que silencien a la clase trabajadores y pidieron la unificación del movimiento sindical.

Ronald González, secretario general del sindicato; Carlos Quijada, secretario de finanzas y los empleados de la gerencia de mantenimiento, Ángel Adonis Centeno, Elvis Loran Azócar y Darwin López fueron detenidos en medio de una protesta en el Centro Infantil de la CVG, desde donde esperaban presionar al ministro de Industrias Básicas y Minería y presidente del ente de desarrollo regional.

Efectivos de la Guardia Nacional del comando 88 de Puerto Ordaz ejecutaron el procedimiento presuntamente por encadenar las entradas del preescolar, posteriormente estos fueron colocados a la orden de la Fiscalía Tercera.
Los empleados pasaron más de 24 horas privados de libertad y fue al final de la tarde de este miércoles cuando el juez, Luis Beltrán Lira -del Tribunal Cuarto de Control- dictaminó la medida cautelar sustitutiva de libertad.

Libertad condicionada
Aunque los dos dirigentes sindicales y los tres trabajadores quedaron en libertad condicional mientras dure la investigación que comenzó ayer y se extiende por seis meses que pueden ser prorrogables, según explicó el abogado defensor Antonio Aguado.

La Fiscalía deberá encontrar en ese lapso los elementos probatorios de los delitos que se les acusan, entre los que están: agavillamiento, violación a la libertad de tránsito e instigación a delinquir. Durante ese período, los trabajadores tienen prohibido organizar una huelga que no esté autorizada por el Ministerio del Trabajo.
De la misma manera los dirigentes deberán notificar sobre cualquier cambio de residencia al Tribunal y atender al llamado que haga esta instancia en cualquier momento.

"Nos quieren callar"
González, con 34 años de servicio en CVG, contó su versión de los hechos a la salida del Palacio de Justicia. Evidentemente conmovido por el apoyo de sus compañeros dijo: "Haremos el sacrificio para enfrentar las pretensiones de este Gobierno, porque así hay que decirlo. No hay marcha atrás. No nos quedaremos callados. Ahora es que hay SutraCVG".

También Quijada expresó: "No nos van a poner un bozal de arepa", al tiempo que desestimaron las acusaciones del vicepresidente de la CVG, Alfredo Arcila, quien según los empleados no tiene moral para calificarlos.

El secretario general invitó a una cruzada sindical. "Hoy vinieron por nosotros, mañana vendrán por ustedes, tenemos que unirnos", les dijo a quienes creen que están exentos de una práctica que se ha convertido en política de Estado: criminalizar la protesta.

Hoy se supone que la gerencia de la CVG entregará los uniformes que prometieron, pero los trabajadores exigen además el cumplimiento de otras cláusulas.

De la misma manera piden al ministro Sanz que cumpla con las actas que se firmaron el 14 de agosto, cuando en el auditorio de la corporación, se comprometió con los de la nómina diaria a cancelar la media hora de comida, proyectos habitacionales, implementos de seguridad, cestaticket, entre otros conceptos, todos ellos incumplidos.

Solidaridad
Los dirigentes Henry Arias (Alcasa), José Luis Morocoima (Bauxilum), Edgar Valentine (Bauxilum-Pijiguaos), Emilio Campos (Carbonorca) y los directores laborales de CVG hicieron presencia en el Palacio de Justicia para manifestar su solidaridad.

Todos coincidieron en que la medida intenta silenciar a los trabajadores y amarrarlos para que no protesten. Repudiaron la criminalización de la protesta y alertaron a los empleados sobre la intención del Gobierno.

Cuento corto
Ronald González, secretario general de SutraCVG, contó su versión de los hechos a la salida del Palacio de Justicia. Explicó que el lunes no se llevaron a todo el grupo a protestar precisamente para no "presionar" al ministro Sanz, "que siempre dice que no funciona bajo presión".

Contó que un grupo de compañeros colocó cadenas en el área de carga del plantel, "en ningún momento en las puertas del preescolar porque nosotros no vamos a prohibir la entrada de nuestro propios hijos".

Luego uno de los comandantes de la GN -sin mediar palabra- llevó a cabo el procedimiento colocándole las esposas a él y a sus compañeros, "nos trataron como unos delincuentes". Agradeció a los detenidos de los calabozos de Guaiparo que les manifestaron su apoyo y solidaridad. Asimismo, hicieron énfasis en agradecer al funcionario de la CVG -Daniel Pulido- quien supuestamente está siendo perseguido y amedrentado por brindar apoyo a los trabajadores.