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DESDE LECHERÍA.- La estrategia del gobierno de congelar la discusión de los contratos colectivos, ha deteriorado la calidad de vida de los 14 mil trabajadores que laboran en la gobernación del estado y de los 1.478.700 del sector público.
En estos 10 años del gobierno de Hugo Chávez Frías se ha producido una involución en la contratación colectiva, la cual es sustituida por decretos, prórrogas, normativas laborales e, incluso un intento de anulación de un contrato ya firmado por las partes como es el caso del “Metro de Caracas”. Y algo más grave, han pretendido desmejorar las condiciones salariales y laborales conquistadas en convenios suscritos en el pasado.
Las estadísticas manejadas en la Memoria y Cuenta del Ministerio del Trabajo, nos indican que para el año 1998, se suscribían anualmente un promedio de 800 contratos colectivos y en discusiones dentro de los lapsos establecidos por las partes. Ahora, para el año 2008, según la misma fuente, revela que de las 582 convenciones colectivas homologadas, sólo 73 r correspondieron al sector público y acá, en Anzoátegui, el balance es peor, ni los educadores, ni los médicos, ni el personal administrativo, ni obreros han firmado sus convenciones colectivas. Y mientras se reprime adrede a la convención colectiva, los problemas sociales de los trabajadores se agudizan, su salario se deterioro cada más más, vapuleado pro la espiral inflacionaria y la morosidad del gobierno con los pasivos laborales, crece gigantescamente.
Los dos aumentos (30%) en la escala de la administración pública, no compensan el contrato macro del sector público que debió entrar en vigencia en enero de 2006 que ampararía 900 mil empleados. La deuda con los pasivos laborales es enorme, calculaba para el 2005 en 17 billones de bolívares, la cual para la presente fecha habría subido bastante por los intereses acumulados.
Es bueno significar para ilustrar a los lectores de esta columna y a los trabajadores, en general, que los pasivos se concentran mayoritariamente (80%) en el pago de prestaciones sociales por el cese de la relación de trabajo, sea por despido, jubilación o renuncia, e igualmente, por la no cancelación del bono de transferencia que los patronos públicos y privados debieron pagar a los trabajadores en 2002 de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo.
Acá en Anzoátegui como para no variar, todavía existen funcionarios jubilados y despedidos a los cuales no se les han pagado sus prestaciones sociales y pasan de los 400 que no han recibido los intereses moratorios, tal como lo establece el artículo 92 de la Constitución y el 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.
En consecuencia, la congelación de la contratación colectiva profundiza la crisis social de los trabajadores y sus familias y congela sus sueños de una vida mejor. Ante esta terrible verdada, los trabajadores tienen que concientizarse alrededor de su tragedia, dejar a un lado su conformismo y sus temores alrededor de su tragedia, dejar a un lado su conformismo y sus temores y salir a las calles a defender sus derechos, hoy pisoteados por una élite gubernamental insensible a sus angustias.
Prensa: El Tiempo
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